Nuevamente en Córdoba informes periodísticos comprometen lo más profundo del poder político provincial y la debida transparencia en el ejercicio de sus funciones. Esta vez la denuncia recayó en un miembro de la plana mayor de la Policía de la Provincia y otros oficiales. El comisario general Rafael Gustavo Sosa, quien se encontraba al frente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, junto al comisario Alfredo Damián Seine y el oficial inspector Franco Sebastián Argüello, fueron separados de sus cargos por las autoridades, otorgándoseles licencia. Desde “Unidos y Organizados” sostenemos que no es suficiente el licenciamiento de los altos oficiales involucrados en estos presuntos delitos. Por la gravedad de los hechos denunciados, como es la connivencia de jefes policiales con el narcotráfico, el poder ejecutivo provincial debe retomar con firmeza la conducción política de la fuerza policial, porque no son ajenos a este escándalo el propio Ministro de Seguridad, Alejo Paredes, ni el Jefe de la Policía, Ramón Frías. Que la opinión pública se informe a través de investigaciones periodísticas sobre los vínculos entre delincuentes y funcionarios policiales, justificados por la figura del “informante”, deja al descubierto la inoperancia de la Justicia Provincial al momento de combatir la delincuencia vinculada al narcotráfico y los magros resultados de la aplicación de la Ley Contra el Narcotráfico vigente en Córdoba desde diciembre pasado. Reivindicamos los puntos del “Acuerdo por una Seguridad Democrática” firmado oportunamente por todas las fuerzas políticas. El punto 5 de dicho documento dice: Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Unidos y Organizados – Prensa
