El 21 de agosto de 2003 el Senado convertía
en la ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,
conocidas como la leyes de la impunidad o del perdón, que impedían que
los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. A 10 años
de ese hecho, y luego de que la Corte declarara -el 14 de junio de
2005- la inconstitucionalidad de estas normas, se desarrollan en el país
11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos
durante la dictadura cívico-militar y está previsto que comiencen otros
tres procesos antes de fin de año. La decisión de anular las llamadas
"leyes del perdón" o "leyes de la impunidad" fue una de las primeras
políticas sobre la necesidad de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas
por el entonces presidente Néstor Kirchner.
