Como militantes de un proyecto que siempre tuvo como eje la defensa y el acompañamiento de las luchas populares, repudiamos este cobarde acto y reclamamos que las autoridades judiciales pertinentes actúen para esclarecer el caso y condenar a los responsables intelectuales y materiales de este hecho.
Desde el 25 de mayo de 2003 nuestro país se convirtió en un ejemplo a seguir en materia de Derechos Humanos, canalizando a través de la Justicia, y gracias a la voluntad política de este proyecto, los casos de impunidad que azotaron a nuestro pueblo.
Este Gobierno no fue cómplice ni lo será de asesinatos de luchadores populares. La firme voluntad de esclarecer estos hechos se demuestra a través la actuación rápida, eficaz e independiente de la Justicia.
Este lamentable suceso no puede quedar en el olvido y deben ser las autoridades con competencia en el caso las que actúen para garantizar que se haga justicia.
